En 2020 llegó el coronavirus. Había que comprar hisopos, test del virus, barbijos, respiradores y así. ¿Se pudo? Según los críticos de la cautelar de la Corte Suprema en la demanda de la ciudad de Buenos Aires por coparticipación de impuestos, no. Pero se hizo. El no diría que esos gastos no estaban previstos en el presupuesto 2020 porque nadie imaginó la pandemia. Pero se compró porque se modificó el presupuesto. Es decir, se eligió cambiar las prioridades de gasto.

¿Qué pasa ahora? Supóngase que el Gobierno nacional gastaba 100 en la Policía Federal destinada a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Se traspasa la Federal a la CABA y el Gobierno nacional le pasa 100 al de la ciudad. Nada que objetar. Si luego el Presidente le sacara 100 a la ciudad para darle a la provincia de Buenos Aires estaría financiando la seguridad de la provincia restando seguridad a la CABA y violando su obligación constitucional.

Supóngase ahora que el Gobierno nacional le hubiera dado 120 a la ciudad. Como se detraen de los fondos nacionales no afecta la coparticipación de las provincias. Pero en lo que excede del gasto policial disminuye el gasto nacional en otras áreas, que bien podría hacerse en alguna provincia. De manera indirecta el Gobierno sacaría dinero al interior para darle a la Capital. Pero si luego el Presidente quitara 120 de la CABA para darle a la provincia de Buenos Aires entonces la Nación también le quitaría al resto de las provincias para darle a una sola. Sigue siendo centralismo porque apunta al conurbano, foco de la protesta policial que llevó a las quitas en disputa.

¿Qué debió hacerse? Lo planteado en la ley 27.606 (posterior al decreto de recorte, el 735/20), pero con otro método. La ley dispuso, entre otras cosas, que se estudiara el costo del servicio policial en la ciudad de Buenos Aires y así estimar la transferencia necesaria. Pero eso debió ocurrir primero. Como mínimo en 2016, cuando se realizó el traspaso. Porque si bien es cierto que implicó renuncia de fondos de la Nación para la ciudad, si era excesiva afectaría a las provincias. No debió quedar en la negociación de sólo dos jurisdicciones.

En 2020 la Nación adujo exceso, recortó a la CABA para darle a la provincia y propició la ley 27.606. Fue un error desfinanciar a los porteños y dar a los bonaerenses para compensar la ineficiencia de su Gobierno, aunque la ley tiene partes razonables; retrajo el porcentaje girado a la ciudad pero le agregó una suma fija (supuesta estimación del costo de la Federal) y por ella se hizo un estudio de donde surgió que la Nación debió dar a la Capital menos que lo dispuesto. El problema, además de que se puede discutir el estudio, es que la ley eludió el federalismo de concertación. No se puede tocar coparticipación por mayorías sino por acuerdos.

A estas alturas se podría pensar que las negociaciones son imposibles pues tanto la CABA como Buenos Aires recibieron dinero al que no quieren renunciar. Por eso queda que la Corte hable y resuelva sobre el monto debido por el servicio policial. El fallo que la Nación gambetea fue sólo una precaución, pero resolver el fondo podría entorpecerse por el planteo de juicio político a sus miembros.

Sobre lo dispuesto por la medida cautelar hay que hacer aclaraciones. Así como hay quienes critican al tribunal por no decir de dónde sacar el dinero para los pagos, con seguridad si la Corte lo hubiera indicado se quejarían de que la Justicia se mete con la política fiscal. Claramente no sería una crítica de buena fe. Y cualquier salida rápida es complicada. Si el Presidente le sacó a la ciudad para darle a la provincia bien podría sacarle a la provincia para darle a la ciudad y listo. Pero no luce políticamente factible. La alternativa de abonar con títulos de deuda basada en el antecedente del pago a Santa Fe por coparticipación mal retenida también tiene objeciones. A Santa Fe se le pagó la deuda acumulada al momento de la sentencia pero al mismo tiempo se le dejó de retener indebidamente coparticipación y día a día recibe dinero. Hacer con la CABA lo de Santa Fe implicaría pagarle lo reclamado entre 2020 y 2022 con títulos públicos pero al mismo tiempo girarle dinero todos los días. No pagar el “goteo” de coparticipación con títulos. Y la Corte no dijo nada sobre stock de deuda, aún. En todo caso el Gobierno nacional debería vender los bonos y poner lo recaudado en una cuenta para que el Banco Nación gire el goteo según el monto que corresponda.

En resumen, decir que la cautelar no se puede cumplir porque no está presupuestada es lo mismo que negar capacidad de respuesta del Gobierno ante lo imprevisto. Que no lo era tanto sino un riesgo del decreto 735/20. Por ahora, habría que reasignar prioridades, cumplir y esperar el fallo de fondo. Tal vez la Nación deba devolver, tal vez la Capital, y cada ciudadano verá qué hace con los responsables. Porque de eso tratan las decisiones, de beneficios, costos y responsabilidades.

De paso, debe aclararse que las necesidades insatisfechas en varias provincias no se deben a la “opulencia” de la CABA. Sin olvidar que el centralismo existe y complica el desarrollo del interior, Santiago del Estero gastó miles de millones de pesos en estadios, autódromos y campos de golf en vez de hacerlo en redes de agua potable. Y en el conurbano bonaerense se chapotea en el barro, como se quejó alguna política, pese a que la provincia recibió miles de millones de pesos del Fondo del Conurbano para infraestructura y sanidad de sus municipios. No se trata (no sólo) de tener o no dinero sino de gastarlo bien. La miseria del interior se debe mucho a sus propios gobernantes.